por: Carolina Velasco:
El proyecto de ley General de Enseñanza pretende derogar la actual “ley marco” de educación y cambiarla por otra que elimina varios de los principios sobre los cuales se basa, no sólo nuestro sistema de educación, sino también nuestra sociedad. Más aún, los instrumentos e incentivos que esta iniciativa implementaría irían en el sentido contrario del objetivo que plantean: mejorar la calidad de la educación. Un poco de economía nos ayuda a entenderlo.
Como es sabido, nuestro sistema de educación que recibe financiamiento del Estado, donde se atiende cerca del 93% de los estudiantes en edad escolar, se basa en un subsidio por alumno atendido. Es decir, los establecimientos educacionales (sean municipales o particulares subvencionados) recibirán una mayor cantidad de recursos para funcionar, en la medida que logren atraer y retener más alumnos (el subsidio se paga por asistencia, no sólo por matrícula). Un subsidio por alumno (y no fijo al colegio) genera un claro incentivo a los dueños de los colegios por atraer la máxima cantidad de estudiantes de manera de poder financiarse, y la forma de atraer “clientes” es otorgando un mejor producto (servicio educativo en este caso). En resumen, el Estado paga, los padres eligen, los colegios compiten, el estándar sube, y todos ganan. Nuevas investigaciones muestran que si los padres escogen, se mejoran los estándares, incluso los de aquellos alumnos que permanecen en colegios públicos. Los esquemas de subvenciones (voucher) no sólo están funcionando en Chile, sino que en otros países sin que se perciban efectos perversos en la cohesión social (Colombia, algunos estados de USA, Suecia, etc)
Así, cuando el proyecto de ley pretende eliminar el lucro (un tercio de los estudiantes asiste a establecimientos con fines de lucro), lo único que logra es terminar con el incentivo a calidad. El lucro no es más que la retribución a los dueños de una entidad (colegio en este caso) por una buena administración de la misma, por el riesgo de emprender y por las oportunidades que se desechan por dedicarse a este proyecto (lo que constituye una retribución legal por cierto). En este caso, está en el mejor interés de los dueños, como se explicó anteriormente, atraer más alumnos, a través de ofrecer un servicio de mejor calidad que los demás. Ello se traduce en que los recursos serán usados de la forma más eficiente posible y que, tal como lo plantea Shumpeter, se fomenta la innovación y la búsqueda de la mejora continua, en un proceso que él denominó “destrucción creativa”, que no es más que descubrir nuevas técnicas que permiten ofrecer un mejor servicio al mismo costo, las que son constantemente mejoradas por otros oferentes. Todo lo anterior, en la medida que se permita la entrada a nuevas escuelas (el proyecto de ley también crea nuevos requisitos para ser sostenedor = barreras a la entrada). Si se elimina el lucro, se elimina, al menos una parte del incentivo a calidad.
La segunda materia “polémica” que este proyecto plantea es la eliminación de la selección. Para entender los efectos de esta medida, se requiere economía y un leve conocimiento respecto de los estudios de escuelas efectivas (una línea de investigación en educación). Se debe recordar que el subsidio por alumno atendido, o el financiamiento de la educación, es un derecho de las familias, puesto que son los padres los primeros responsables de educar a sus hijos, pudiendo escoger el tipo de educación para éstos. Ello requiere que existan opciones, es por esto que la libertad de enseñanza (la posibilidad de abrir, organizar y mantener escuelas) va de la mano con el derecho a la educación. Es precisamente la existencia de un conjunto de diferentes proyectos educativos lo que le brinda diversidad a nuestra cultura y enriquece al país.
La investigación sobre escuelas efectivas nos demuestra que los mejores establecimientos educativos son aquellos donde la comunidad (alumnos, apoderados, profesores, etc) están más comprometidos con el proyecto educativo (la misión, visión, perfil de egreso, etc.) de la escuela. Si se prohíbe seleccionar, se elimina la posibilidad para las escuelas de exigir el cumplimiento de ciertos requisitos para acceder al colegio, de manera de ofrecer a los padres una garantía de que los objetivos prometidos serán cumplidos. Si se obliga a seleccionar por sorteo (que también es una forma de selección), entonces dejan de formar parte de la escuela las familias y jóvenes más comprometidos. Como consecuencia natural de convivir con individuos con diferentes propósitos, se torna imposible proteger y perpetuar el compromiso. Finalmente, deja de existir un proyecto educativo común y surge alguno de la elección aleatoria de alumnos y apoderados.
En el mediano o largo plazo, se termina igualando o estandarizando la educación, malogrando la virtud de la diversidad y con ello la posibilidad de elegir (término de la libertad de enseñanza) que, contradictoriamente, es un derecho que el Estado debe proteger. Pero lo más grave, es que se liquida uno de los determinantes más importantes de la calidad: una comunidad comprometida. Así lo demuestra también la evidencia internacional de países donde estas medidas fueron implementadas (Inglaterra o Corea del Sur). En nuestro país, es fácil ver las consecuencias que esta medida tendría, ya que, entre otros, terminaría con los pocos liceos de excelencia de nuestro sistema, que son una fuente potente de movilidad social.
A lo anterior, se debe agregar que existe un mal diagnóstico y que la solución es bastante más fácil y nuevamente, ¡se relaciona con los incentivos!. En efecto, es el mismo Estado quien fomenta la desigualdad de oportunidades al otorgar una subvención pareja por alumno. Si en algo están de acuerdo TODOS es que educar a niños y jóvenes que provienen de familias de más bajos recursos requiere un mayor esfuerzo (no cuentan con computador en sus casas o libros, etc), lo que se traduce en más recursos para alcanzar iguales resultados. Entonces, si los colegios deben alcanzar iguales resultados con los mismos $30.000 para todo tipo de alumnos, es lógico que elegirán a los menos “costosos” de educar. Ello es una respuesta natural que nada tiene que ver con una mala intención. Diferenciar la subvención elimina, en gran parte, este problema.
En resumen, ninguna de las medidas mejorará la calidad, por el contrario, ésta terminaría decayendo, “nivelando hacia abajo” y por tanto, socavando las oportunidades de los estudiantes chilenos. Las preguntas que surgen con ¿por qué no se establecen más incentivos a crear colegios de excelencia en vez de eliminarlos? ¿Por qué no se resuelven los problemas de fondo como la falta de financiamiento y su diferenciación -que otorga más recursos a los más pobres-, así como también los problemas que enfrentan los municipios para gestionar sus establecimientos educacionales? Estos últimos sí fueron acuerdos del Consejo Asesor para la Calidad de la Educación, no así el lucro ni la selección.
Al parecer, se están desconociendo los pilares que sustentan nuestro sistema educacional y en general, nuestra sociedad, que no son más que el respeto a las libertades y derechos mínimos (recordemos lo que ha ocurrido cuando se pasan a llevar derechos esenciales como el de propiedad). En este sentido, cabe un ejemplo: la semana pasada el Ministerio de Educación anunció que no se hará pública la información respecto de los Niveles de Logro alcanzados por cada establecimiento en la prueba SIMCE: (asociación de puntajes de esta prueba a algún significado y porcentaje de estudiantes que alcanzan cada nivel). En nuestro sistema educacional donde los apoderados eligen la educación de sus hijos, el sistema de medición de los aprendizajes resulta un elemento fundamental para que éstos puedan tomar buenas decisiones y para que los actores educativos se responsabilicen por los resultados obtenidos (en efecto, mejorar la calidad y accesibilidad de la información sobre los aprendizajes de los estudiantes, fue la recomendación que hizo el año 2003 una comisión de expertos de diferentes sectores convocada por el ministro de turno). Es por ello que la decisión de no entregar la información (que para el Mineduc tiene un costo marginal muy bajo), por una parte, atenta directamente contra la calidad de la educación, por cuanto impide a los padres y apoderados conocer los logros de las demás escuelas y optar por aquéllas que ofrezcan lo mejor, generando competencia y búsqueda de calidad. Y por otra, tampoco avanza en empoderarnos para que tomemos mejores decisiones respecto de la educación de nuestros hijos.
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